El cooperativismo y la economía social para el desarrollo

Publicado el 17 - 09 - 2015

A raíz de la posibilidad de un Ministerio de Economía Social, la rectora de la UNLa, Dra. Ana Jaramillo, se explayó sobre la economía solidaria

 

  La doctrina cooperativa, al igual que la doctrina justicialista, es profundamente humanista. Tiende a elevar la producción, no a través del eficientismo económico, en la búsqueda de la maximización del beneficio del capital, sino a través de la humanización del trabajo y el capital y de las relaciones laborales a partir de la asociación libre de los productores.

  Para Perón “las cooperativas son unidades básicas justicialistas para la organización nacional de la producción, la industria y el comercio”.

  En la economía social de la doctrina peronista las cooperativas “son unidades de acción económica que realizan el acceso de los hombres que trabajan a la posesión total del instrumento y del fruto de su esfuerzo”.

  A su vez, afirmaba Perón que “en la solidaridad humana la cooperativa representa la más trascendente y fundamental de todas las instituciones”.

  Pero el sistema cooperativo, no es solamente una institución de solidaridad humana, sino un instrumento de organización humanitaria de la producción que consigue al mismo tiempo elevar la productividad y la rentabilidad de las empresas.

  La posibilidad de abarcar todo el ciclo económico planteada por Perón, cooperativizando la producción, tanto como la comercialización y el consumo, coincide asimismo con los propios principios cooperativos de integración horizontal y vertical.

  La Ley de cooperativas fue creada por el justicialismo para desarrollarlo, ya que “es el único que nos puede ayudar para barrer definitivamente los monopolios”.

  Para Perón, todo cooperativismo muere en el régimen capitalista, mientras que en el Estado justicialista “los que mueren son los monopolios”.

  En el Discurso a los delegados de la Cooperativa del personal de Ferrocarriles del Estado de 1953, Perón sostiene: “En el panorama argentino han de desaparecer los intermediarios políticos, sociales y económicos, para que de esta manera podamos ser un poco más felices que lo que somos hoy bajo la férula de esos intermediarios que disfrutan de todo y no hacen absolutamente nada”.

  Uno de los desafíos fundamentales de la democracia política actual es el desarrollo industrial, que debe estar acompañado por un proceso que revierta la concentración de capital agrario, financiero e industrial a través de una política redistributiva del ingreso.

  La estabilidad de la democracia política estará asimismo estrechamente ligada a la posibilidad de satisfacer los reclamos sociales, de resolver el proceso inflacionario que manifiesta la institucionalización del conflicto entre los distintos sectores por acceder al producto y a la implementación de una política redistributiva.

  La participación de los trabajadores-productores, en el planeamiento y ejecución de la producción puede en este momento elevar la productividad, otorgarle un uso social al capital, generar empleos productivos y lograr una distribución del ingreso más justa.

  Es necesario por lo tanto el fomento del sector social en materia económica, financiera, técnica administrativa, legal y educativa.

  Dicha promoción trae consigo múltiples beneficios, puesto que implican la posibilidad de:

  1. Una mejor distribución del ingreso
  2. alorizar el trabajo a través de su calificación y de la retribución real del mismo y no de su precio en el mercado
  3. Suprimir la intermediación improductiva
  4. Elevar la participación de los trabajadores en la empresa, su producto y sus beneficios y progresivamente en las decisiones económicas y políticas fundamentales.
  5. Generar empleo reasignando recursos para la creación de puestos productivos, contribuyendo a solucionar los problemas de desempleo y subempleo.
  6. Elevar el poder adquisitivo de los salarios a partir de la incorporación en el mercado de productos a bajos precios y socialmente necesarios.
  7. Satisfacer los justos reclamos de los trabajadores pasando a formar parte de las decisiones sobre el desarrollo nacional.
  8. Fortalecer las organizaciones de los trabajadores a través de la integración del sector social.
  9. Fortalecer la unidad entre el sindicalismo y el cooperativismo como básica para la defensa de sus intereses.
  10. Combatir el capital oligopólico y monopólico a través de la integración de las empresas administradas por los trabajadores, generando un desarrollo que vincule el crecimiento económico a la justicia social.
  11. Elevar el nivel de educación de los trabajadores a través de los sistemas de autoeducación, programas de educación cooperativa, cooperativas escolares, etc.
  12. Contribuir a la democracia política a través de la democratización de la economía en general, la industria y el agro en particular, como freno a las agudas diferencias sociales existentes en el país.
  13. Contribuir a la democracia entendida como posibilidad de participación real de las grandes mayorías en los destinos que le pertenecen.
  14. Elevar la productividad social, entendida ésta como la eficiencia para producir y distribuir los bienes socialmente necesarios.
  15. Humanizar el trabajo

   El Proyecto Nacional debe fomentar en forma prioritaria la organización cooperativa en la producción, así como otras formas participativas del trabajo que puedan recuperar productivamente tierras ociosas o empresas improductivas al mismo tiempo que contribuyen a la generación de empleo.

   Es necesario asimismo, que la participación de los trabajadores en la producción y en los beneficios no quede relegada a las áreas marginales de la economía o como formas menos leoninas de crédito y consumo.

   Para ello, la educación y capacitación cooperativa deben estar apoyadas por el Estado; la legislación debe ser modificada, creando la normatividad necesaria para el tutelaje y fomento de dichas organizaciones, que contemplen su especificidad y reglamente el control de las falsas cooperativas y se deben instrumentar sistemas financieros y crediticios que reasignen recursos genuinos al sector social de la economía.