El nuevo derecho al paro de género #8M

Publicado el 09 - 03 - 2017

Un nuevo derecho ha sido consagrado en las calles, el derecho al paro de género, el derecho a realizar una protesta política mediante una medida habitualmente utilizada para las demandas económicas y laborales.

En la UNLa se realizó un acto al mediodía y se formó una columna que marchó, hacia la Plaza de Mayo. En el acto dos de las participantes destacaron las acciones en materia de género y diversidad sexual que realiza la Universidad, en la docencia de grado, posgrado y destacaron la experiencia del curso de Formarnos en Género y diversidad organizado con el Programa por la Igualdad de Género, con la colaboración del Centro de Justicia y Derechos Humanos y la Especialización en Género, Sociedad y Políticas Públicas.

Trabajadoras, docentes y estudiantes de la UNLa antes de trasladarse a la marcha

La marcha de mujeres realizada por una multiplicidad de colectivos y organizaciones feministas, sociales y políticas ha instaurado una nueva herramienta de lucha para expresar las demandas de las mujeres. En este caso, consideramos que hay tres grandes ejes que se expresaron en la protesta: el repudio de la violencia física y simbólica contra las mujeres, la denuncia de la discriminación laboral y la demanda por políticas públicas con enfoque de género. Otras características, más bien organizativas fueron, primer lugar, el alto grado de colaboración, que permitió a innumerables grupos, expresar colectivamente las demandas específicas y, en segundo lugar, la ausencia de un destinatario único de la protesta y de un mecanismo de interlocución para interactuar con el sistema político.

En clave histórica podemos recordar que este camino de lucha de las mujeres, nos remite a fines del siglo IXX y principios del siglo XX, época caracterizada por explotación laboral y la exclusión política.

El proceso de industrialización, caracterizado por la explotación de largas jornadas de trabajo y salarios de hambre, llevaron a las mujeres a trabajar en las fábricas junto con sus hijos y ser las más explotadas de entre la clase trabajadora. Al mismo tiempo la democracia representativa se abría paso en algunos países ampliando los derechos políticos de una minoría oligárquica hacia las clases medias, pero sin incluir a las mujeres.

En Argentina, luego de la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, la voces de grupos feministas y socialistas entre los cuales se destacó Alicia Moreau de Justo proclamaban el derecho al voto femenino. El reconocimiento de ambos derechos se inició en 1926, en San Juan con la reforma de la Constitución Provincial por parte del gobierno popular de Aldo Cantoni. A nivel nacional, el único avance fue en 1932 con la media sanción de la Cámara de Diputados de un proyecto del Partido Socialista.

Las mujeres tendrán recién el reconocimiento pleno de sus derechos políticos, en 1947 luego de una campaña encabezada por Eva Duarte de Perón, con la sanción de la Ley Nacional 13.010. La democratización durante el peronismo no se limitó al derecho al voto, sino que las mujeres además accedieron a cargos electivos, en el poder legislativo, en los sindicatos y en el Partido Peronista Femenino, la organización política integrada y dirigida por mujeres que haya existido en nuestro país.

A fines del siglo XX se registra un nuevo avance con la sanción en 1991 de la Ley 24.012 de cupo femenino, que fue reafirmada por la Reforma Constitucional de 1994.

En el año 2016 se aprobó en la provincia de Buenos Aires y se trata en el Congreso Nacional, leyes de paridad de género, que equilibra la composición de listas, considerando el sexo femenino autopercibido, es decir reafirmando la Ley de identidad de género 26.743 sancionada en 2012.

 A fines del siglo XX y principios del XXI la lucha de las mujeres avanza hacia el respeto por respeto a su dignidad como seres humanos y al mismo tiempo, por derechos más básicos, como la integridad del cuerpo, el derecho a la vida, a la propia existencia.