Militancia y gestión por el derecho a la tierra

Publicado el 14 - 07 - 2017

Panel de Gestión en Santiago del Estero sobre militancia social y gestión pública en los conflictos territoriales.

En el Panel de Formarnos en Santiago del Estero, realizado en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Pedro Orieta, abogado, doctorando en Humanidades y miembro de numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos, compartió su experiencia como militante social del movimiento campesino y ahora como funcionario provincial. Para ejemplificar señaló que “hace 5 años estamos en la gestión provincial y hace 6 estábamos cortando una ruta”. Sobre la gestión se refirió al funcionamiento de dos organismos públicos innovadores, el Comité de Emergencias y el Registro de Poseedores que actúan con “organizaciones campesinas… que acompañan los procesos de defensa territorial”.

En primer lugar, recordó que como militante de organizaciones sociales “se nos hacía muy difícil el diálogo con el Estado” porque venían de la resistencia al “juarismo” que tenía funcionarios que luego fueron condenados por delitos de lesa humanidad. Incluso señaló que el “régimen militar había tenido cierto grado de continuidad” en algún sentido “para nosotros la dictadura no ha terminado en el 83, para nosotros finaliza en el 2003”.

Este contexto institucional para quienes ahora gestionan en el Estado, genera “una tensión y una contradicción permanente” que tienen muy presente, para que la “reivindicación y la disputa de políticas públicas o de espacios de gestión dentro del Estado para direccionar políticas públicas” vaya acompañado de la organización, porque sino “se terminan generando otra vez los personalismos que nosotros venimos criticando como estructura de construcción de poder del régimen juarista”.

Luego relató que con la llegada del gobierno de Zamora, luego de la intervención federal, comienzan a funcionar mesas de diálogo que transformaron las estrategias y tácticas de disputa por el territorio de las organizaciones campesinas que actuaban mediante la resistencia pacífica y la acción directa. Luego de este proceso de generación de confianza mutua, se generaron condiciones para que organizaciones sociales asumieron espacios de gestión. Pero, para evitar que las organizaciones “se aburguesen” en el Estado, Orieta propone que los procesos sean colectivos, en sus instancias de formación, construcción y disputa.

Luego de esta introducción necesaria para entender el contexto político, pasó a detallar el funcionamiento de dos organismos del Estado: el Comité de Emergencias y el Registro de Poseedores. Ambos se encuentran en medio de la tensión que genera “el movimiento campesino que está criticando la columna vertebral del sistema capitalista que es el derecho de propiedad”.

El Comité de Emergencias, a través de las organizaciones sociales y en forma directa recibe denuncias de situaciones conflictivas. Los equipos técnicos del Estado, abordan estas problemáticas con el apoyo de referentes locales y organizaciones de base, se hacen relevamientos e informes para distintos organismos, judiciales, policiales, ambientales, “para lograr visibilizar la situación que existe de conflicto o bien para poder hacer evidente el reclamo que están teniendo las familias campesinas”.

La acción de este organismo del Estado permite actuar en el ámbito judicial como asesor o amigo del tribunal -amicus curiae-. Esto permite equilibrar la enorme desigualdad de poder que se da por la lógica del ordenamiento jurídico, en la confrontación entre el derecho de propiedad de un titular que no tiene la posesión frente a las familias que tienen la posesión pero carece de títulos. Esta situación pone en tensión la estructura judicial positivistas, formalista, pro-derecho de propiedad privada, que no reconoce al mismo nivel los derechos de las familias campesinas, enmarcados en los tratados internacionales y la legislación nacional. La acción del Comité de Emergencia permite reconocer, primero la existencia de los sujetos de derecho, identificando qué derechos se están vulnerando y esto genera cierta equiparación al ser un organismo del Estado quién lo reconoce.

El título de propiedad es también un obstáculo permanente para las políticas públicas porque es requerida por el propio Estado para los programas nacionales y provinciales y por los organismos internacionales para el financiamiento de obras públicas. Es por eso que se ha creado el Registro de Poseedores para generar una documentación, una matrícula de poseedor para que la falta de título no sea un obstáculo para acceder y vincularse con el Estado.